Vivimos en una época de globalismo económico en la que los sectores tradicionales tienen que hacer frente a la intromisión ilegítima de multinacionales e intereses extranjeros para poder sobrevivir. Sectores que, tras décadas de asfixio normativo, han tenido que hacer frente a cuantiosas reconversiones para evitar desaparecer.
Amparada por una supuesta necesidad liberalizadora y aperturista, nuestra débil Administración ha accedido a los intereses de unos pocos operadores para dinamitar el mercado, sustituyendo nuestros modelos tradicionales que aseguraban un servicio y condiciones laborales de calidad, por otros basados en la deslocalización empresarial y la explotación laboral.
A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido al desmantelamiento de nuestras industrias minera, siderúrgica y naval, así como al cierre de la mayoría de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Lo que anunciaban desde la Unión Europea y el Gobierno como una oportunidad de crecimiento económico sostenida por la Política Agraria Común y los Fondos Mineros, se ha traducido en el empobrecimiento de nuestra región y la entrega incondicional de nuestros sectores estratégicos a capitales extranjeros.
Tras el agresivo desmantelamiento de nuestros sectores primario y secundario, estas mismas multinacionales han llevado a cabo un cambio de estrategia para, basándose en el tono amable de las mal llamadas economías colaborativas, desestabilizar nuestro sector servicios e implantar un modelo basado en la explotación laboral.
Entre los grandes damnificados por ese sistema se encuentra el sector del Taxi, baluarte por excelencia del trabajo autónomo de calidad.
Desde que en 2009 se aprobara la nefasta Ley Ómnibus que liberalizaba el sector, se ha dado paso a la especulación sistemática y comercialización de licencias VTC, todo ello ante la indefensión de decenas de miles de taxistas abandonados a su suerte cuyo sustento de vida se encuentra en peligro.
Empresas como Cabify o Uber, en un claro acto de competencia desleal, han conseguido implantarse en las grandes ciudades de nuestro país burlando todas las limitaciones normativas e incumpliendo las prohibiciones que, como empresas de alquiler de vehículos con conductor, les corresponden. En este sentido, estas grandes multinacionales han conseguido que les sean expedidas un número de licencias notoriamente superior a las permitidas legalmente, lo que unido a una política agresiva de precios, ha llevado al sector del Taxi al borde del colapso.
Y todo ello, pese a la expresa imposición legal de 1 licencia VTC por cada 30 licencias de Taxi, fijada por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (cuya validez ha sido ratificada recientemente por nuestro Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de junio de 2018).
Ante esta situación de abandono y desamparo institucional, los taxistas de todo el país han iniciado movilizaciones y protestas para reclamar, sencillamente, igualdad de oportunidades y el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Pese a los interesados intentos de criminalización, decenas de miles de profesionales del Taxi han salido a las calles para reivindicar dignamente su derecho al trabajo y la supervivencia de un servicio de interés general; motor del turismo, y clave para paliar las carencias de nuestros medios de transporte público.
Acción Social Asturias manifiesta su total apoyo al sector del Taxi en sus legítimas reivindicaciones y reitera su compromiso con el trabajo nacional, de calidad y libre de precariedad.
CAMBIAR EL MUNDO NO ES LOCURA, SINO JUSTICIA
